Seis preguntas a los defensores de Bolonia

Seis preguntas a los defensores de Bolonia
Artículos - Opinion
Jueves, 19 de Febrero de 2009 16:21
Monserrat Galcerán

Ante las dimensiones que están tomando las protestas contra la implantación del llamado proceso de Bolonia, las autoridades ministeriales han anunciado que van a poner en marcha una campaña de comunicación, lo que me sugiere hacerles las siguientes preguntas:

1ª.- ¿Por qué una campaña de comunicación en vez de un debate abierto sobre la situación de la Universidad?

Una campaña de comunicación supone que las decisiones ya están tomadas y son correctas; lo que falla es la “comunicación” o sea que aquellos que deben sufrirlas estén de acuerdo con ellas; es un procedimiento radicalmente tecnocrático y despótico, mientras que abrir un debate implica que se es consciente de los problemas y que se quiere resolverlos por medio de acuerdos, reconociendo los argumentos de las otras partes.

Pero los defensores de Bolonia no están de acuerdo en aceptar ese criterio básico. Por lo que se refiere al procedimiento de aplicación del proceso, saben perfectamente que las decisiones se tomaron por acuerdo de los Ministros de Educación de los países de la Unión europea, que han sido revalidados por ellos mismos y que se han impuesto a golpe de decreto, sin que en ningún momento haya habido un debate amplio sobre las transformaciones en curso. ¿Por qué entonces no abrirlo? ¿Por qué “comunicar” unas decisiones ya tomadas en vez de debatirlas? ¿Acaso ese debate pondría en juego la legitimidad democrática de las Instituciones? ¿Se supone que en un país democrático los/as ciudadanos/as delegan hasta tal punto sus funciones en los Gobiernos que en ningún momento pueden reclamar un debate directo sobre cuestiones que les afectan plenamente? ¿Por qué es anti-democrático debatir y en cambio es plenamente democrático “comunicar”?

2ª.- Se dice que el único objetivo del Plan Bolonia es homologar los títulos entre las diversas Universidades europeas, pero si esto es así, ¿cómo se explica que la duración de los Grados y de los Masters no sea la misma en todas las Universidades europeas?

En efecto, se dice que el objetivo es homologar los títulos en toda Europa pero en España los Grados van a ser de cuatro años, mientras que en otros países europeos van a ser de tres. Eso significa que los estudiantes españoles tendrán que cursar un año más, bajo el pretexto de que nuestra enseñanza secundaria es peor que la de otros países. Pero además la norma no se aplica ni a Medicina ni a Arquitectura. ¿Por qué dos carreras fundamentales como éstas no se van a adecuar al Plan Bolonia y todas las demás sí? ¿Se supone acaso que el recorte en conocimientos, resultado de pasar de Licenciaturas de 5 años a Grados de 4, es aceptable en general, pero pondría en cuestión la profesionalidad de aquellos estudios? ¿Puede ser cierto que en otras carreras la disminución de conocimientos no afecte a la capacitación profesional, como señalan sus defensores, cuando sin embargo es evidente que con un año menos habrá materias de estudio que no se podrán impartir?

La reducción de la duración de los títulos, de 5 a 4 años, se entiende mejor si en vez de pensar que responde a la necesidad de homologación, que como vemos tampoco se da, se la contempla en la perspectiva de una reducción de gastos en la educación, que queda corroborada por la diferencia económica entre Grado y Master – más caro el segundo que el primero. Con ello el Grado pasa a ser la formación “general” para los futuros trabajadores de las profesiones “intelectuales”, intelectual y profesionalmente devaluadas, por lo que su nivel de exigencia es más bajo.

3ª.- Por otra parte, si el objetivo es simplemente la homologación de títulos, ¿por qué el Grado lleva anexa la necesidad de preparar para una salida profesional, hasta el punto de que hay que señalar qué porcentaje de egresados ejerce una profesión ligada a ese título?

Resulta extraño que si el Presidente de la CRUE y Rector de la Universidad autónoma de Madrid, Don Angel Gabilondo es el representante por España en la EUA (European University Association) y todos los informes de dicha Agencia resaltan explícitamente que la “empleabilidad” es uno de los objetivos de las transformaciones introducidas por Bolonia, este académico señale que “no somos adiestradores profesionales ni nuestro único objetivo es capacitar para producir” (Público, 8.12.2008). ¿Por qué entonces hay que ligar los Grados al ejercicio de una profesión? ¿Por qué hay que señalar el número de egresados, siendo éste un dato que la ANECA exige para aprobar el Grado y para permitir que se imparta?

“Empleabilidad” significa “ser capaz de ser empleado”, o sea que los conocimientos que exponga el graduado se correspondan con las exigencias de un empleo y sobre las características de los empleos resuelven las empresas. ¿No significa eso que las cualificaciones que la Universidad ofrece deben adecuarse a las exigencias de los empleos que ofrecen las empresas? ¿Qué puede significar la “empleabilidad”, si no es eso?

El profesor anteriormente citado amplía su postura señalando que “no hemos nacido para ser empleados”, pero si es así, ¿por qué la “empleabilidad” o sea el formar gente que pueda ser empleada es requisito imprescindible para que los Grados sean aprobados? Si las memorias de los títulos se elaboran con criterios fundamentalmente académicos, ¿por qué hay que introducir como requisito ineludible la ligazón con el ejercicio de una profesión? ¿Y por qué sin embargo y de forma paradójica, títulos que ahora permiten el ejercicio de una profesión como profesor o abogado, van a perder esa capacidad, pues los nuevos Grados no van a capacitar para ellas y se exigirá el haber cursado un Master profesionalizante? ¿No está en contradicción esa medida con el carácter profesionalizador de los Grados y no es una muestra indirecta de que el descenso en la calidad de los títulos exige que los futuros profesionales los complementen con un Master?

También en este caso la cuestión resulta mucho más comprensible si en vez de negarlo, se acepta que el objetivo de la reforma es, como dicen los informes, el conseguir la máxima “empleabilidad”. El problema es que transformar la Universidad en una fábrica de graduados precarios altera de raíz su función social y tal vez por eso nuestras autoridades se toman tanto trabajo en negarlo.

4º. Según el Diccionario de la real Academia “mercantilizar” significa convertir en mercantil algo que no lo es de suyo.

Los defensores de Bolonia sostienen que no hay tal mercantilización, para lo cual hay que suponer que desconocen el significado del término. Pues ¿qué es sino mercantilizar, el convertir el derecho a la educación, que los organismos públicos deben garantizar con una adecuada financiación de las Universidades, en un servicio que los estudiantes pagan y que debe tenderse a cobrar en su coste integro? Se dirá que las tasas cubren en este momento un porcentaje bajo de los gastos en educación, pero no se olvide que los Masters deben ofrecerse a coste 0 (o sea que ingresos y gastos se equiparen) y que sus créditos son de precio sensiblemente más alto que los del Grado (16€ crédito frente a 26€ de media), sin contar los Masters especiales que son todavía más caros.

A ello se añaden las becas-préstamo que suponen una hipoteca para el estudiante – y un negocio para las entidades financieras – pues deberán devolverse en el momento en que el titulado obtenga un trabajo con ciertas rentas. ¿No es eso convertir en mercantil un bien público como la educación y la formación? ¿Qué otro término le corresponde sino “mercantilizar”?

5º.- Si la Universidad no tiene nada que ver con el mercado ni con las empresas, ¿por qué un porcentaje altísimo de los miembros de los Consejos sociales, que tienen competencias en fijar las tasas y decidir los presupuestos, así como en la política de plantillas, son miembros de grandes empresas y entidades financieras?

El Consejo social se introdujo como una manera de acercar la Universidad a la sociedad, pero dado el tipo de sociedad en que vivimos, sus puestos han sido copados por representantes de grandes empresas y del mundo financiero que imponen criterios empresariales de gestión. Si tenemos en cuenta que entre sus atribuciones se cuentan la aprobación de los presupuestos y la de las plantillas, resulta que ese Consejo impone medidas de corte económico, mercantil y productivista absolutamente ajenas a la lógica de una institución docente y de investigación. Pero es más ¿por qué, vista la crisis del sistema financiero, debemos pensar que tal intromisión va a dejar indemne la estructura universitaria? ¿Acaso la fuerte política de endeudamiento y de restricciones presupuestarias es independiente de esa composición de los órganos directivos? ¿Y lo es también la constante precarización del profesorado por el que se bloquean las plazas bien remuneradas y se dificulta el recambio generacional de tal modo que, para los jóvenes docentes e investigadores, es casi imposible hacer una carrera académica en condiciones?

6º.- Si el único objetivo de Bolonia es homologar los títulos, ¿por qué deben cambiarse los métodos didácticos dando cabida a una serie de habilidades y competencias cuyo rendimiento es muy discutible para la formación intelectual?

Somos muchos/as los/as que no estamos de acuerdo con la consideración de la clase magistral como único método didáctico y que consideramos que una educación democrática no puede consistir en un mero adiestramiento, ni tampoco en la memorización de conocimientos transmitidos de forma autoritaria por profesores a los que se supone competencia para ello. Pero eso no tiene nada que ver con privilegiar competencias y habilidades del tipo “desarrollar actitudes de liderazgo”, “tener buen dominio de herramientas informáticas” o “saber hablar inglés fluido”. Es evidente que algunas de estas competencias son de carácter instrumental y que son necesarias en un determinado tipo de estudios. Pero otras, como la de “desarrollar actitudes de liderazgo” sólo es inteligible desde el supuesto de que los estudiantes de hoy serán los cuadros políticos y empresariales de mañana, lo que refuerza una concepción elitista de la Universidad, muy poco acorde con concepciones más democráticas e igualitarias. Y radicalmente incompatible con las exigencias actuales de los trabajadores del conocimiento, que no son ya los viejos cuadros de las empresas industriales sino profesionales activos en el tejido social contemporáneo, cuyas formas de trabajo pueden ser distintas del empleo clásico.

Esas son sólo algunas preguntas que abundan en la consideración de que, dadas las actuales condiciones, debiera abrirse una moratoria que permitiera discutir el proceso y tomar las medidas pertinentes. No son sólo los estudiantes españoles; ha habido protestas contra Bolonia en prácticamente todos los países europeos, a excepción tal vez del Reino Unido; las acciones en las diversas Universidades han tomado gran amplitud y aunque sólo una minoría de profesores hemos tomado una actitud activa, son muchos los escépticos y los descontentos. Creo que por ello hay que sentarse a discutir y lo que desde luego no es admisible es criminalizar un movimiento que ha demostrado mucha mayor sensibilidad ante los problemas de la Universidad que los gestores académicos, siempre pendientes de no importunar a las autoridades.

Es el momento del debate y no de los expedientes. Eso es lo que los estudiantes reclaman y lo que ya no puede demorarse. Por ello es preciso que nos tomemos el tiempo que haga falta antes de que sea demasiado tarde.

Montserrat Galceran es Catedrática de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.